¿QUIENES SOMOS?
Relman Colfax PLLC es un bufete nacional de abogados con un enfoque en los derechos civiles. Específicamente, estamos enfocados en combatiendo la discriminación y obteniendo equidad en las áreas de vivienda, préstamos, empleo, establecimientos de servicios públicos, educación y abusos de la policía. Nuestra práctica incluye demandas colectivas e individuales a nombre de demandantes que han sufrido discriminación por motivos de raza, origen nacional, color, religión, sexo (incluyendo orientación sexual e identidad de género), discapacidad, edad, estado familiar y fuente de ingresos.
¡HABLAMOS ESPAÑOL!
Tenemos abogados que hablan español y hemos litigado varios casos para clientes hispanohablantes. Aquí hay unos ejemplos de estos casos.
Centro de Vivienda Justa de Indiana Central (FHCCI) v. Rainbow Realty Group
En este caso, de parte del Centro de Vivienda Justa de Indiana Central (FHCCI), cinco residentes de Indianápolis y una clase colectiva, demandamos a Rainbow Realty Group, Empire Holding Corp., y James R. Hotka de Indianápolis, Indiana. La demanda alega que los demandados violaron las leyes de derechos civiles y de protección al consumidor, incluyendo la Ley Federal de Vivienda Justa, la Ley Federal de Igualdad de Oportunidades de Crédito, la Ley Federal sobre la Veracidad en los Préstamos y la Ley de Propietarios e Inquilinos en Indiana. El plan de los demandados involucra a casi 1,000 casas en el condado de Marion, Indiana.
La denuncia alega que los demandados han estructurado su sistema de renta con opción a compra para engañar a los consumidores que se tomen todas las desventajas de alquilar y todas las desventajas de comprar y reservando así todos los beneficios para ellos. Esta denuncia también alega que los demandados están plenamente conscientes de la condición terrible de sus casas, pero muchos de los problemas serios no pueden ser discernidos por los posibles clientes antes de firmar el contrato. Sin embargo, los demandados injustificadamente realizan una inflación del precio de venta en un 300%, un 400%, e incluso un 500% cuando venden una casa a través de su programa de alquiler con opción a compra. Por ejemplo, los acusados comprarán una casa deteriorada por $10,000 y la venderán—sin hacerle ninguna reparación—por $40,000 a una víctima inocente. La demanda alega que los demandados cuentan con clientes que no conocen la verdadera condición o el valor de sus casas antes de firmar un contrato.
Además de la inflación en los precios de venta, los demandados le quitan la poca riqueza que los clientes tienen a través del cobro de tasas de interés exorbitantes y de los altos recargos por pagos atrasados. La denuncia alega que los consumidores firmaron contratos no sólo con una falsa impresión de la calidad de la casa, sino también con la falsa impresión de que están realizando una compra de vivienda típica con una hipoteca típica. Cuando los consumidores tienen problemas para hacer las reparaciones necesarias que les permita vivir en sus hogares, los demandados les ofrecen reparaciones de mala calidad y de alto costo que luego pueden ser incorporadas a sus pagos mensuales, aumentando de nuevo la probabilidad de que los contratos fracasen.
La demanda también alega que los demandados intencionalmente dirigen su esquema predatorio de renta con opción a compra a los vecindarios con un alto nivel de minorías del condado de Marion.
NAACP v. La Ciudad de LaGrange, Georgia
En este caso, de parte del NAACP de Georgia, NAACP del condado de Troup, y siete individuos, demandamos a la Ciudad de LaGrange, Georgia, desafiando las pólizas de la ciudad relacionadas a los servicios públicos que tienen un impacto disparejo e ilegal en las comunidades latinas y afroamericanas.
En la ciudad de LaGrange, los residentes reciben servicios de electricidad, gas y agua a través de la ciudad. Para recibir estos servicios públicos, LaGrange requiere que los residentes tengan un número de seguro social. Los inmigrantes que viven en LaGrange que no son elegibles para recibir un número de seguro social, entonces no pueden recibir servicios públicos. Esto seriamente impide las opciones de vivienda, obstruye la habilidad de comprar casas y perpetúa la segregación de los latinos, obligando a muchos latinos que vivan en las pocas viviendas donde los propietarios están dispuestos a mantener cuentas de servicios públicos para los inquilinos. Esta póliza tiene un impacto disparejo e injusto en los latinos, que constituyen una gran mayoría de las personas que no son elegibles para un número de seguro social en LaGrange.
Además, según la póliza de LaGrange, si un residente tiene alguna deuda judicial, LaGrange no dispone servicios públicos a ese residente. Esta póliza de condicionar la disposición de servicios públicos con el pago de deuda judicial (que no está relacionada a los servicios públicos) tiene un impacto disparejo e injusto en los afroamericanos, quienes están sobrerrepresentados entre los que tienen deuda judicial.
Latino Action Network v. El Estado de Nueva Jersey
En este caso, de parte de Latino Action Network, Fair Share Housing Center (FHSC) y NJ NAACP, presentamos una demanda administrativa con el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) contra el estado de New Jersey por violar los derechos civiles de las comunidades más impactadas por el huracán Sandy en la manera que el estado administró el programa de recuperación después del huracán.
Aunque la ley federal requiere que el estado de New Jersey provea información sobre sus programas en inglés y en español, la información sobre el programa “Renew New Jersey Stronger,” que daba subsidios hasta $150,000 para reconstruir hogares impactados por Sandy no estaba disponible en la misma manera para personas que necesitaban leer la información en español. Específicamente, las personas que utilizaron la página web en español no fueron informados sobre ningún proceso de apelación, no fueron informados sobre la nueva dirección de la oficina y no fueron informados de que el estado no iba a aceptar aplicaciones después del 1 de agosto. El resultado fue que muchas personas que utilizaron la página web en español no obtuvieron información precisa sobre cómo podían solicitar subsidios o apelar negaciones de subsidios.
Después de la demanda, Nueva Jersey entró en un acuerdo que requiere que el estado proporcione $240 millones en fondos adicionales a las comunidades más afectadas por la tormenta, con un énfasis en atender a los inquilinos de bajos ingresos, muchos de los cuales, contrario a los propietarios, tienden a ser personas de color. El acuerdo también exigió medidas inmediatas para corregir las barreras del idioma que habían impedido la participación en los programas de recuperación a muchas víctimas de Sandy.
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La firma acepta un número limitado de asuntos de derechos civiles después de una investigación y evaluación interna. Si desea que se considere un asunto suyo, llame al (202) 728-1888 e indique que está llamando para platicar sobre un nuevo asunto. Una discusión con nuestros empleados no lo convierte en un cliente y no nos obliga a representarlo.